miércoles, diciembre 02, 2009

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

En España: Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=09/12/02/086200&from=rss

lunes, julio 20, 2009

Demoliendo las mayorías constitucionales

Tomado de El Mostrador

Editorial del 20 de Julio de 2009

Las declaraciones hechas a los medios por los diputados UDI Marcelo Forni y Patricio Melero, y su "advertencia" de que, en el caso que el Poder Legislativo apruebe la ley sobre la llamada píldora del día después ellos recurrirían de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para impedir su promulgación, es una grave señal de desacato doctrinario a la institucionalidad vigente. Tanto por lo que implica de negación del rol que le cabe al Congreso Nacional en estas materias, como por la relativización del ejercicio democrático de las mayorías parlamentarias.

Si esta "advertencia" prosperara, lo que ocurriría sería la definitiva transformación del Tribunal Constitucional en un legislador negativo frente a las legítimas decisiones parlamentarias de mayoría, mucho más allá de los criterios aceptables del control constitucional de las leyes, revirtiendo de manera terminal la poca coherencia que aún le queda a la Constitución de 1980 en cuanto a la sincronía funcional de sus instituciones.

La alegación complementaria del diputado Forni de que él representa y legisla para las minorías, lo que -en consecuencia- lo habilitaría para intentar impedir por cualquier método la vigencia de normas adoptadas por la mayoría (de acuerdo a todos los procedimientos constitucionales y legales), en este caso forzando el sentido del control de constitucionalidad, lesiona de plano la función legislativa que se expresa como sentido de mayoría, que es de carácter nacional, y constituye un eje fundamental del funcionamiento de la institución a la cual pertenece.

Su criterio lesiona también el ejercicio del gobierno del país y el desarrollo de las políticas públicas que éste lleva adelante, oficializadas en iniciativas de ley debidamente debatidas e informadas, destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo tanto de las garantías constitucionales y las libertades individuales vigentes en Chile, como las propias acciones concretas de salud para la población, en especial para los sectores de menores recursos.

Y por supuesto prescinde de la consideración de la mayoría de la ciudadanía que en esta materia ha sido más que clara en manifestar su apoyo a la libre distribución de la denominada píldora del día después en los consultorios públicos, en forma gratuita.

La actitud de los parlamentarios, que se basa en una supuesta defensa de valores intangibles para las personas, explicita una visión autoritaria y corporativizada de lo que es el funcionamiento de la sociedad, pues se niegan a reconocer que el derecho de las minorías sobre el uso de la píldora se encuentra plenamente garantizado en la abstinencia de quienes piensan o creen que ese procedimiento es abortivo.

Peor aún, pretenden mediante procedimientos forzados y de baja legitimidad democrática que el Tribunal Constitucional conculque el derecho de las mayorías, al menos manteniendo el odioso veto discriminatorio que impide su distribución en los consultorios públicos y el acceso a ella de los sectores de menores ingresos.

El proyecto que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados por una amplia mayoría, que incluye también a varios diputados de la oposición y de la propia UDI, consta de tres artículos en los cuales se ha recogido el eje de los debates que durante más de dos años han abordado el tema. Esto es, mejorar las orientaciones, informaciones y prestaciones públicas en materia de regulación de la fertilidad y, en ese contexto, incluir los anticonceptivos de emergencia, entre los que se encuentra la píldora del día después.

En dos oportunidades anteriores un grupo de diputados ha recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar la distribución del anticonceptivo de emergencia, organismo que finalmente ha mostrado una enorme ambigüedad en el tema, y ha terminado sancionando como legal la discriminación actualmente existente que veta su distribución gratuita en los consultorios públicos.

Lo actuado por el Gobierno al enviar un proyecto de ley, aprobado ya en primer trámite, zanja de manera meridiana y definitiva el problema. Cualquier intento de obstruir vía Tribunal Constitucional lo establecido en ella significa un esfuerzo por hacer prevalecer el espíritu corporativo de ciertas minorías que pretenden erigir sus opciones personales como reglas obligatorias para toda la sociedad, autoproclamándose como una especie de policía moral de las libertades individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que hechos como el descrito ejemplifican el agotamiento estructural de la Constitución de 1980, cuyo sesgo autoritario y antidemocrático, pese a las incontables reformas de que ha sido objeto, facilita vetos corporativos ilegítimos.

Lo que en definitiva plantea, una vez más, la necesidad de construir una nueva constitución que interprete al Chile actual con constituyentes de hoy, en la cual se exprese de manera clara el consenso y atribuciones de órganos como el Tribunal Constitucional, cuyo funcionamiento actual contribuye crecientemente a perturbar el desempeño del gobierno y el equilibrio funcional de los órganos superiores del Estado.

La frase del día

No estamos para legislar a favor de las mayorías.
Marcelo Forni, Diputado de la República de Chile, Militante del Partido UDI.

lunes, junio 15, 2009

¿Posible Cohecho? Parece algo más oscuro...

Tomado de El Mostrador
15 de Junio de 2009

Investigan posible cohecho de privados a funcionarios públicos

Director de Aguas del MOP y abogado top en la mira de la Fiscalía

El caso comenzó como un delito menor, tras la presentación de documentos falsos en un juicio que afectó a la Dirección General de Aguas y favoreció al empresario Francisco Javier Errázuriz por derechos de agua. Sin embargo, cuando la perseguidora penal Ximena Chong hurgó más allá, encontró una serie de curiosas relaciones. Una de ellas es que el jurista Raúl Tavolari, alegó un amparo a favor de Rodrigo Weisner, jefe de esa unidad de Obras Públicas, sin que éste se lo pidiera. El trasfondo del asunto es la competencia por el agua para la industria de extracción de Yodo, en la que se mueven más de US$ 300 millones al año.

Por Jorge Molina Sanhueza

La fiscal Centro Norte Ximena Chong tiene en sus manos una investigación por cohecho que complica al actual jefe de la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, Rodrigo Weisner -miembro de Océanos Azules, grupo programático de Eduardo Frei- y a Raúl Tavolari, un destacado procesalista del foro con amplios contactos políticos y uno de los redactores del nuevo Código Procesal Penal, apodado "Il maestro" por sus ex alumnos. Ambos han declarado como imputados ante la perseguidora penal.

Si bien esta indagatoria comenzó porque un funcionario del MOP presentó documentos falsos en un juicio de aguas que afectó a la DGA, la causa abrió una "caja de Pandora" por un recurso de amparo que presentó Tavolari a favor de Weisner, sin que éste lo pidiera. El cliente que se lo encargó al jurista es un privado, cuyo nombre permanece escondido en el secreto profesional y que Tavolari prefiere llevarse a la tumba.

De recurso en recurso

Si bien los testimonios son recientes, los hechos que dieron origen a los mismos comenzaron en 2001, cuando la minera de Negreiros, de propiedad de Francisco Javier Errázuriz, solicitó los derechos de agua. En mayo del mismo año la DGA rechazó la petición y la compañía del ex dueño de Unimarc solicitó la reconsideración del dictamen denegatorio.

De nada sirvió, porque el organismo del MOP confirmó lo obrado. Pero la empresa insistió entonces a través de la figura del recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue presentado el 17 de enero de 2004. Pero la acción fue abandonada el 1 de agosto de 2006 y el tribunal de alzada dispuso el archivo de la causa.

Sin embargo, Errázuriz, quien es conocido por no soltar las causas que emprende, pidió el desarchivo del recurso en abril de 2007 para que se notificara al jefe de la DGA. En esa oportunidad, presentó la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, único documento faltante en el primer rechazo para conseguir los derechos del vital elemento clave en las actividades mineras del yodo. En la oportunidad el empresario arguyó que la DGA le impedía arbitrariamente realizar una actividad comercial lícita.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó nuevamente el recurso con los nuevos antecedentes el 5 de septiembre de 2007 y revocó lo resuelto por la DGA, otorgándole los derechos de agua a "Fra Fra".

La unidad del MOP recurrió entonces de casación ante la Suprema. El abogado tramitador era Héctor Villarroel. Y para sorpresa de la entidad en sólo dos mesesse percató que este mismo abogado presentó un documento en que se desistía de la acción, previo acuerdo con Negreiros. Ello significó que Errázuriz tendría el agua para seguir con su empresa. Es decir, la DGA debía cumplir lo resuelto. Lo curioso es que la DGA se enteró sólo cinco meses más tarde de los hechos, cuando fue notificada.

Carrete con mis amigos

Pero esto último ocurrió por una mera casualidad, en el marco de una comida que sostuvieron el 31 de julio de 2008 el jefe del Departamento Jurídico de la DGA, Fernando Valdés, con Alfredo Cádiz y Fernando Covarrubias. Ambos son los abogados que llevan todos los juicios de Soquimich sobre materias de agua, cuya cara visible es Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet.

El empresario, entre 2008 y 2010 invertirá, en el proyecto Pampa Hermosa, en la zona de Pozo Almonte, US$ 1.033 millones para elevar la producción, de acuerdo a una nota publicada por el Diario Financiero en julio de 2008. Esta firma minera es la principal competencia de Errázuriz en la minería del Yodo. Este sector en 2008 exportó 15.816 toneladas, lo que implica un monto de US$ 371,2 millones, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central.

Cádiz y Covarrubias le indicaron a Valdés, a modo de favor, que en el recurso que obligaba a la DGA a entregar los derechos al Fra Fra, había un escrito presentado por el archivero de la unidad del MOP, según consta en la declaración prestada por Valdés el 5 de marzo pasado ante la Brigada de Delitos Económicos de la policía civil. El asunto es que Soquimich no era parte en el recurso, pero lo "vigilaban", ya que podía vulnerar sus intereses.

Llama la atención que Valdés se reúna con funcionarios de una de las empresas respecto de las cuales, en algún momento, DGA debe resolver solicitudes sobre la materia.

De esta manera, la DGA descubrió en agosto de 2008 que Villarroel como funcionario de la entidad, había presentado documentos falsos que favorecieron a Errázuriz en el otorgamiento de los derechos de agua.

Valdés, quien asegura que los antecedentes sobre estos hechos "le llegaron" a su oficina, informó de inmediato a Weisner. Se presentó así una denuncia ante el Ministerio Público Centro Norte el mismo mes. La perseguidora penal Ximena Chong, entonces, formalizó a Villarroel -quien ya estaba desvinculado de la DGA- bajo los cargos de prevaricación y uso de documentos falsos y quien está ad portas de enfrentar un juicio. Hasta allí, todo era un delito del que fue víctima una institución del Estado.

Todos juntos

En los alegatos ante el Tribunal de Garantía, también se hizo parte la empresa Soquimich, a través del abogado Nurieldín Hermosilla, atendido que el otorgamiento de los derechos de agua a Errázuriz, los afectaban en la producción y exportación de yodo, ya que son competencia directa del ex candidato presidencial. También se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como patrocinante de la DGA.

Sin embargo, durante la indagatoria, Chong halló situaciones sospechosas en torno a la ocurrencia de hechos que podrían revestir actos de corrupción por parte de privados hacía funcionarios públicos de la DGA.

Por la gracia de Tavolari

Independiente de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, el otorgamiento de los derechos de agua, debía ser cumplido. Errázuriz no quería perder tiempo y como la DGA decidió no acatar la orden judicial debido a una indagatoria por hechos delictuales que podrían modificar la situación, solicitó el arresto de Weisner por quebrantar la sentencia judicial.

Es en este contexto es que "Il maestro" Tavolari, cuyos honorarios son uno de los más elevados del foro, aparece en escena el 4 de marzo de 2009, presentando un recurso de amparo preventivo a favor de Weisner sin que éste último se lo pidiera. Por segunda vez, curiosamente, la DGA no se enteró de la acción constitucional.

Tavolari, quien no tenía mandante alguno en la causa y por lo tanto no era parte de la misma, usó la figura legal de la "acción popular". En palabras simples, actuó por sí y ante sí, sintiéndose compelido por una entidad superior, para evitar tamaña injusticia.

Lo singular es que el amparo que ingresó es una verdadera pieza jurídica, algo así como un escrito de culto para los abogados que lo han leído. El problema, es que Tavolari no tenía cómo acceder a los antecedentes, ya que fueron incautados por la fiscal Chong para la investigación que lleva.Cabe consignar que Tavolari es un procesalista eximio, pero no de la legislación de aguas.

En la Corte de Apelaciones el jurista perdió, pero la acción legal llegó hasta la Segunda Sala Penal del máximo tribunal por la vía de la apelación, donde Tavolari tiene mucho ascendiente, debido a que los textos que ha publicado son materia de consulta académica entre los magistrados.

En dicha instancia Tavolari ganó con la unanimidad de los cinco votos el pasado 8 de abril, con las preferencias de los ministros Hugo Dolmestch, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates.

Una gestión de este tipo cuesta entre $8 y $14 millones de pesos, según reconoció el propio Tavolari ante la fiscal Chong cuando declaró como imputado, lo que confirmó cuando fue consultado por este diario.

El hado no benévolo

Los hechos continuaron un derrotero aún más singular. Porque el propio Weisner al llegar a su oficina el lunes 12 de abril, se encontró con un sobre, en cuyo interior estaba la resolución del máximo tribunal con la tarjeta de Tavolari, casi a modo de regalo.

Según declaró Weisner en el Ministerio Público, él llamó al jefe de la división legal, Fernando Valdés y le indicó que requiriera los antecedentes al jurista. Este último llamó a Tavolari, quien le indicó que no estaba obligado a dar explicaciones.

Sin embargo, pese a que usó la acción popular para alegar el amparo a favor de Weisner, es decir, sin cliente alguno, tuvo que reconocer ante la fiscal Chong que no conocía al jefe de la DGA. Acerca del sobre con el fallo que envió al MOP, su respuesta fue aún más particular. "Lo hice por mi propia iniciativa, e incluso casi con un carácter lúdico, pensé que me llamarían para decirme muchas gracias".

Weisner presentó de inmediato dos escritos. Uno en la Fiscalía Centro Norte y otro en la Corte de Apelaciones para dejar claro que nada tenía que ver con el recurso de amparo preventivo.

Lo curioso es que la DGA, pese a contar con una división jurídica que tramita las causas que se ventilan en los tribunales, nunca se enteró de la inusual gestión de Tavolari a favor del jefe de la entidad.

Boletas vacías

El alegato de Tavolari -que Weisner asegura nunca pidió ni contrató- es para la fiscal Chong, dicen fuentes allegadas al caso, un indicio de que algo no cuadra. Puede ir desde un intento de chantaje a un funcionario público hasta corrupción a gran escala. Y esto porque si alguien debió defender a Weisner de la solicitud de Errázuriz para que fuera arrestado, ése era el Consejo de Defensa del Estado, organismo que por ley defiende a las instituciones, y no Tavolari.

Con esa duda de por medio, la fiscal Chong decidió entonces citar al destacado jurista. El 1 de junio pasado, Tavolari admitió que tras la "acción popular" para presentar el amparo efectivamente había un cliente, cuestión que había negado desde un principio. Además admitió que esta persona fue quien le entregó los documentos, los mismos que incautó la perseguidora penal.

Chong le consultó al profesional quién lo había contratado. Este último le pidió unos días para consultarle al cliente si le permitía levantar el secreto profesional. Dos semanas después, el 1 de junio, le indicó que no fue autorizado.

¿Pero quién lo contrató y cuánto cobró? Para establecer si el abogado decía la verdad, la fiscal Chong le pidió a Tavolari las boletas de honorarios. Pero nada encontró. El abogado aseguró que la presentación judicial la hizo contra resultado. Y este punto es vital para comprender que la intención del Amparo iba más allá de evitar el arresto de Weisner, sino también que la Suprema anulara de oficio el otorgamiento de los derechos de agua a Errázuriz.

En el marco de las declaraciones de Tavolari y Weisner a la Fiscalía, Francisco Javier Errázuriz convirtió el problema en una oportunidad y se querelló en contra del jefe de la DGA por el delito de cohecho asegurando que fue Soquimich quien pagó los servicios del jurista.

El accidente humano

Tavolari fue consultado por El Mostrador en torno a la presentación y este reconoció que su cliente era un privado del entorno territorial donde la minera de Errázuriz extrae Yodo, lo que indica que usan la misma agua.

-Abogado, ¿y por qué entonces presentó un amparo a favor de Weisner?

-La presentación iba dirigida a tratar de anular el otorgamiento de los derechos de agua, y el director de aguas, como funcionario público, fue un mero accidente en el tema".

Este medio intentó por varias semanas obtener una respuesta de Weisner. Y recién la semana pasada, a través del departamento de Comunicaciones, este entregó una escueta versión: "Voy a esperar el resultado de la audiencia ante el Tribunal, que se pronunciará respecto de la querella, antes de comentar su presentación y su resultado".

El caso recién está comenzando y no es descartable que en él aparezcan más sorpresas, debido a los cientos de millones de dólares que mueve la industria del Yodo.

viernes, marzo 27, 2009

UDI denuncia “engaño” en información de precios de fármacos

Tomado desde www.elfrancotirador.cl

Matthei y Lobos acusaron al senador Girardi y al Cenabast de montar campaña de desprestigio en contra de cadenas farmacéuticas

Como una campaña de “desprestigio” en contra de las grandes farmacias del país, calificaron los parlamentarios Evelyn Matthei y Juan Lobos, la información entregada por la Central de Abastecimientos (Cenabast) y el senador Guido Girardi el pasado 30 de mayo donde se mostró una importante alza de precios, de distintos medicamentos, en las tres más importantes cadenas farmacéuticas del país.

“Queremos protestar contra la Subsecretaria de Salud, en contra de la Cenabast y también en contra del senador Girardi, por estar engañando al público mediante información absolutamente falsa”, enfatizó la senadora.

Según explicaron los legisladores, la comparación hecha por Girardi junto al Cenabast, en relación a la diferencia de precios, se debe a que los valores se compararon con fármacos de laboratorios nacionales e internacionales, pero no con genéricos, lo que según manifestó Matthei, “establece una diferencia importante”.

“No se puede mezclar peras con manzanas, porque el mismo producto que vende la Cenabast a $690 en las farmacias se están vendiendo a $378, a $380 y a $480 pesos”, explicó.

Asimismo dijo que “la verdad es que lo que han hecho, tal vez por ignorancia o no, la cenabast, el senador Girardi y la subsecretaria es hacerse propaganda y confundir al público porque lo que ellos comparan es el precio de un genérico, que es el principio activo sólo, con los productos caros y de marcas”.

Matthei apuntó sus dardos directos al senador Girardi, acusándolo de montar, “coincidentemente”, este tipo de denuncias, justo antes de cada campaña. “Siempre, antes de algún tipo de elección el senador se embarca en algún tipo de campaña de desprestigio en contra de alguien, y ahora les tocó a las farmacias”.

Por su parte el diputado Lobos, presidente de la Comisión de salud de la cámara, pidió que la investigación se oriente en lo que el calificó como una “discriminación odiosa” por parte de los laboratorios, quienes notoriamente venden sus productos con valores distintos entre el comprador privado y el comprador fiscal.
“Si hay algo que tiene que tomar la fiscalía económica es precisamente lo reflejado en el recuadro, y que es, por ejemplo, que el Salbutamol se lo venden a la cenabast a $690, cuyo costo con IVA a las farmacias es de $762, y sin embargo, por ejemplo, el cardicón, remedio para la presión, a la cenabast se lo venden a $186, en cambio a las farmacias a $18.151, o sea, el mismo laboratorio aplica esa discriminación entre la cenabast y la farmacia”, explicó.

Frente A esto la senadora emplazó al Cenabast a que “si quiere venderle directamente al público, entonces que también paguen el precio que le cobran a público y no el precio muy especial al cual todos los laboratorios le están vendiendo a la cenabast”.

Finalmente Lobos señaló duramente que la salud pública ya vivió un montaje en Curepto, y agrego que “ahora estamos viviendo este otro, donde se colude con parlamentarios que desgraciadamente están acostumbrados a entregar datos falsos, si entregaron facturas falsas para recuperar platas en las elecciones, ahora entregan datos falsos para confundir a la opinión pública y ningunear a un legítimo comercio que está, además, en una competencia a cuchillos entre ellos”.

Los parlamentarios anunciaron que irán a la fiscalía nacional económica para que investigue esta situación.